Defensor del Pueblo Andaluz

DISCURSO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA

(Sevilla, 18 de Diciembre de 2002)

Excma. Rectora Magnífica, Autoridades, doctores y amigos todos:

Señala el protocolo académico la oportunidad del doctorado de ofrecer unas palabras de agradecimiento por el nombramiento concedido. Y, atento a este debido gesto, deseo de inmediato reconocer esta distinción a toda la Universidad Pablo de Olavide, representada pluralmente en sus órganos de gobierno. Gracias de todo corazón y gracias por el sentido y el alcance que quiero interpretar en el honor que le otorgan a esta persona y a la Institución que represento.
 
Y, ofrecida la obligada gratitud, aprovecho para compartir ante un auditorio tan singular las ideas que, por muchos caminos y vicisitudes, creo que han marcado mi vida. Desde siempre, mi trayectoria personal ha estado impregnada por una búsqueda permanente de principios y de valores que dieran sentido a la existencia de los seres humanos en un mundo que percibía como injusto y deshumanizado; y esa búsqueda, casi obsesiva, ha marcado todas las fases de una vida que, ya fuera desde posiciones vocacionales, profesionales o testimoniales, siempre ha tenido como norte de actuación el luchar por alcanzar esos ideales que hicieran del mundo que habitamos una sociedad más humana y acogedora para todos.

Unos ideales que me empeño en descubrirlos cada día en la sociedad que vivimos y, sinceramente, no consigo postergar de mi ánimo a pesar del útil escepticismo que debe proteger los anhelos de una persona de mi edad.
 
Estimadas amigas y amigos: a mí siempre me ha importado lo que le sucede a la gente; a mis vecinos, a sus familias, a las personas que viven junto a mí, o a la gente que está conmigo pero lejos de mí. Una actitud que han resumido, en un tono académico y analítico, en la presentación leída como "el esfuerzo por acercar a la realidad cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos las formulaciones abstractas de nuestro texto constitucional y las declaraciones sobre Derechos Humanos".
 
Esta certera frase puede resumir la trayectoria que la vida me ha deparado sobre todo desde que fui propuesto para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz. Hasta entonces milité y milicié junto al despertar de los movimientos asociativos de mi tierra, el Campo de Gibraltar. Un lugar de este universo que parece la reducción perfecta del Universo mismo. En el que se expresan con claridad toda la complejidad de la sociedad humana con sus miserias y sus afanes, con sus problemas y los esfuerzos de un paisanaje que desde siempre ha querido sobrevivir con dignidad y gallardía ante las dificultades que nos ofrece la vida. Tierra de gente trabajadora y con una enorme capacidad de mostrar la dignidad más hermosa del ser humano aun desde la cruda pobreza. Y parte de un mundo que también ha sucumbido a las vacilaciones que provoca el dinero fácil a costa de expandir el veneno en la vida de mucha juventud.
 
Ocasiones como ésta me invitan a reflexionar sobre aquellos años; no tantos como para olvidar las respuestas de escepticismo que recibían las madres de jóvenes —casi niños— cuando pedían ayuda para evitar ese camino hacia la propia destrucción. Voces que se partían clamando ayuda, y sobre todo justicia, para luchar contra un enorme poder emergente y terrible que se expandía entre todos los sectores de la sociedad económica o política. El poder de la droga. Aquellas mujeres que luchaban con el valor que sólo las madres saben derrochar a favor de hijos que se degradaban y hundían sin poder acudir a un elemental dispensario médico o asistencial donde comprendieran lo que era un síndrome de abstinencia o una sobredosis.
 
Fue tanta la soledad que sólo unas madres con otras, hermanos y sobrinas, contemplaron su tragedia en los ojos de sus vecinos para comprender que su lucha, y hasta su pena, eran la terrible herencia compartida que les habían dejado los recuerdos de sus hijos perdidos.
 
Y no pudieron más. No pudimos más. Y nos lanzamos hacia el único lugar posible: hacia delante sin tiempo para pensar en temores o riesgos. Fueron años que perdimos —o ganamos, no sé— en buscar soluciones y ayuda cuando ni siquiera nos reconocían la existencia del problema. "La droga es cosa de Europa", "esa mala costumbre sólo está de paso" son frases propias de la peor estulticia y les aseguro que fueron pronunciadas por importantes autoridades.
 
Ésa fue mi lucha y ése el origen de mi compromiso desde la Estación de San Roque. El recuerdo que escudriño desde aquel entonces soporta razonablemente bien el tiempo que ha pasado. Hoy queda, por encima de todo, el ejemplo que dejaron muchos en esta tarea y un poso de reacción social, libre, espontánea y decidida para buscar respuestas y dar esperanzas ante las necesidades justas y merecidas de una colectividad.
 
Y aprendimos todos el valor de la libertad y el sentido de la democracia. Peleándola y practicándola. En este solemne acto, celebrado en el templo académico donde se estudia y aprende, me emociono cuando alcanzo a comprender las vivencias que curtieron a muchas personas y que construyeron una experiencia colectiva que cambió el destino de nuestras trayectorias vitales y la comprensión del mundo en el que vivíamos.
 
Más tarde, los derroteros que da la vida me condujeron por los entresijos de las Instituciones hasta un lugar donde seguir trabajando por aquello que creo. Y comprendí que ese sentido esencial, casi íntimo, que aprendí de la bondad, del apoyo a quien lo necesita, o del valor de la opinión de la vecindad de un barrio, no son más que las expresiones directas y palpables que reflejan la aspiración de una sociedad por ser mejor y más justa.
 
Y, en esta búsqueda incesante de esos valores que nos ayudaran a convivir —e incluso, para muchos, a sobrevivir— descubro que aquellos ideales por los que tantos habíamos luchado quedaron recogidos en un texto.
 
Reconozco que no han sido las páginas de la Constitución ni las obras de nuestro ordenamiento jurídico las lecturas preferidas de este Diplomado en Biblioteconomía por el Vaticano que hoy les habla; pero, entre sus fríos parágrafos y apartados, descubrí que esas normas y preceptos están inspirados en los valores que tanto anhelábamos.
 
Unos valores y unos principios que se han mostrado trágicamente ajenos al devenir histórico de este pueblo, pero que hoy se nos ofrecen con toda su solemnidad y prevalencia en nuestro texto constitucional. Una obra que proclama las aspiraciones de toda una sociedad para ser justa y solidaria y para dotarse de una organización política, económica, social, cultural, inspirada en unos principios en donde la hermosura de su proclamación se contagia súbitamente, casi de inmediato, con el recelo que despierta lo inalcanzable.
 
La igualdad, la libertad, el pluralismo, la justicia son valores sobre los que se ha forjado un modelo de Estado Democrático y de Derecho que no ha dudado en apropiarse la condición de Social. Es decir, hemos consagrado el modelo de organización política del poder sobre el respeto a unos condicionantes que, desde un punto de vista social y económico, hagan creíble la formulación del régimen de derechos y libertades que se reconocen formalmente a la ciudadanía.
 
De esta forma, un ciudadano pleno, titular de sus libertades y derechos, no puede ser sujeto que los disfrute y alcance a comprender sus contenidos sin la superación de unos niveles imprescindibles de integración social y económica. Pero, al poco tiempo, la experiencia me mostró que, a pesar de que esa letra y esa música sonaban tan bien en el texto constitucional, la realidad era diferente.
 
Estamos, pues, ante la constatación de que la mera declaración formal de los derechos no basta y, sobre todo, dando un paso más: que las libertades y derechos fundamentales no son los mismos porque no se pueden ejercer con igual plenitud entre un sector de la ciudadanía que sufre condiciones de postergación o discriminación.
 
Teoría y práctica; palabras y realidad. Ésa es la disyuntiva en la que nos encontramos. Y a esta aparente contradicción, también contribuye la propia clasificación de los derechos que se contiene en el texto constitucional.
 
Pues bien; conviene recordar que la Constitución no sólo diseñó un modelo de Estado Social, sino que impuso a todos los poderes públicos la necesidad de abordar la consecución de unos objetivos calificados como "principios rectores de la política social y económica" y que no son otros que la sucesión de esos derechos y libertades de contenido social que constituyen todo un objetivo programático necesario para atender, cumplir y respetar ese Estado Social prioritario e irrenunciable.
 
Esa tarea, ese camino que se ha venido recorriendo ha sido el marco principal de trabajo y de promoción de muchos agentes y protagonistas de la construcción del modelo de Estado Social. Y, entre estas instancias, variadas y comprometidas, creo que ha desarrollado una singular función la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
 
Querido auditorio: si será caprichoso el destino que de repente me ofrece la posibilidad de trabajar al frente de una Institución que tiene como misión ayudar a construir el modelo de sociedad que perseguía.
 
Las vueltas que da la vida, pensé. Y, cargado de dudas pero lleno de ilusiones, me encontré nombrado Defensor del Pueblo Andaluz, el Comisionado del Parlamento de Andalucía que tiene como función, precisamente, la protección de los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución.
 
Comenzaba una etapa apasionante asumiendo esta nueva responsabilidad y, desde el primer momento, quise impregnar el trabajo de la Institución de una especial preocupación hacia una legión de personajes anónimos que necesitan ocupar su lugar y su estima en la sociedad.
 
Y lo primero que percibí en aquellos comienzos, con satisfacción, es que contamos con un sistema tuitivo y válido en cuanto a la defensa de los derechos y libertades señalados como "fundamentales". Aquella parte nuclear de los derechos fundamentales se desarrolla con una satisfactoria normalidad y, hoy por hoy, su respeto por los poderes públicos es la tónica cotidiana.
 
Pero, la experiencia de la Institución nos demuestra que las demandas ciudadanas que se hacen llegar ante el Defensor inciden precisamente en el eficaz respeto a este otro tipo de derechos y libertades, estrechamente ligados con su dimensión social, y que constituyen la reivindicación mayoritaria que se expresan en las quejas. Y ante estas exigencias, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha situado como impulsora de las medidas necesarias que hagan creíbles los contenidos de estos derechos sociales. Basta una recomendable lectura a todo el capítulo tercero del Título Primero de nuestra norma constitucional para delimitar ese reto, que asume esta Institución como la mayor aportación que tiene que alcanzar si asumimos con rigor el papel garantista que la ley nos asigna.
 
Su objetivo, por lo tanto, es lograr la eficaz garantía de estos derechos y probablemente, algo más, como es su auténtica promoción y puesta en valor. Es decir, velar porque el reconocimiento de tales derechos y libertades sea entendido como una permanente referencia para los poderes públicos de sus actuaciones. En otras palabras; dar auténtico sentido al artículo 9º de la Constitución que señala que «los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», de la misma manera que estos poderes públicos están obligados a «promover las condiciones para que las libertades y los derechos sean reales y efectivos».
 
Como indicaba anteriormente, la labor de defensa de los derechos sociales en la que se enmarca la tarea cotidiana de la Institución dispone ya de unos antecedentes muy desarrollados. La construcción doctrinal y normativa de todos estos derechos ha obtenido un importante impulso a lo largo de estos más de veinte años de vigencia de la Constitución que sería injusto dejar de reconocer.
 
Sin embargo —resulta inevitable en este punto un sin embargo— la sociedad, o mejor dicho, una parte de la sociedad que coincide con ser la más necesitada y la más callada, aguarda la actuación consecuente tras la proclamación y reconocimiento formal de estos derechos. En suma, trabajamos con el referente de un modelo social de Estado, que ya ha superado la concepción del Estado Liberal y donde la mera proclamación solemne de los derechos no se entiende sin un compromiso decidido de los poderes públicos para garantizarlos en aquellas condiciones sociales y económicas que los hagan simplemente creíbles.
 
Y esa función, atenta y tutelar de estos derechos, deberá desarrollarse con especial cuidado en los próximos años porque considero que vivimos tiempos en los que los derechos de contenido social y económico serán especialmente vulnerables.
 
Los últimos datos que nos suministra la Unión Europea, dibujan en España un sistema de protección cada vez más débil y lejano de la de los otros países comunitarios. Así, a una cada vez mayor convergencia económica con la Unión Europea, paralelamente se incrementa la distancia en lo referente a la protección social.
 
Esta progresiva reducción de las políticas sociales no sólo viene produciendo mayores desigualdades sociales, con especial incidencia en los más débiles y desfavorecidos, sino que ensombrecen aún más el futuro toda vez que también llevan aparejadas la disminución de inversiones en políticas que más pueden contribuir a reducir las desigualdades. En palabras de quien no domina las magnitudes macroeconómicas: no aprovechamos lo que crecemos para avanzar todos, sino para evidenciar aún más las diferencias en la sociedad.
 
Deseo expresarlo de manera clara y directa: me alineo con la doctrina que entiende que los derechos de contenido social y económico no generan una obligación inmediata a los poderes públicos para proveerlos, pero atención: una vez determinados y desarrollados legalmente, implican una incorporación firme e irreversible en el estatus de la ciudadanía.
 
Y quiero hacer un énfasis especial en la defensa del sistema público de protección social, porque en los últimos tiempos asistimos a un debate en el que, por exigencias de coyunturas económicas o de criterios de convergencia europea, se comienza a cuestionar la propia esencia del Estado del Bienestar cuando aún no hemos terminado de construirlo.
 
Nadie puede dar la espalda a la grave crisis que padece la economía mundial y la recesión que está afectando a regiones y países de manera muy negativa. Pero esta situación, que algunos destacan como argumento insoslayable para eliminar el papel protector y asistencial del Estado y los poderes públicos, ha de ser entendida —creemos— de forma opuesta. Las dificultades económicas y los previsibles recortes presupuestarios serán un elemento que lógicamente condicione los límites de las prestaciones sociales, pero no un factor que cuestione la propia esencia del Estado Social.
 
No olvidemos que la gran conquista de los Estados modernos fue la construcción de un compromiso hacia los poderes públicos para crear las condiciones que permitan el disfrute real de los derechos y libertades, singularmente a través de los principios de igualdad y solidaridad.
 
Del mismo modo, en esta pugna por alcanzar el sentido de los derechos sociales, la Institución del Defensor contempla una tendencia preocupante y es que la Administración Pública ofrece cada vez más un modelo organizativo complejo y disperso que se vuelve inaccesible para el ciudadano. Arrastrada entre las corrientes privatizadoras de servicios de una valor esencial y las tendencias mercantilistas de la organización administrativa, la ciudadanía está viendo cómo retroceden los sistemas de garantía y protección que formalmente le auxiliaban.
 
Como bien señala el profesor Tomás Ramón Fernández "Vista de uniforme o vista de paisano, la Administración Pública es siempre un poder público y, como tal, no puede decidir de forma arbitraria, tiene que comportarse siempre con objetividad (...) y, por supuesto, debe respetar siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos, sujeciones elementales todas ellas que no pueden eludirse por el simple expediente de otorgar ante notario una escritura pública de sociedad".
 
Confiamos —siempre confiamos— en que el más elemental sentido de la responsabilidad entre autoridades y miembros la cosa pública haga superar estos comportamientos y que las Administraciones demuestren, día a día, su vocación de servidoras del interés de los ciudadanos en términos de eficacia hacia las necesidades colectivas. Sobre todo para esos sectores de población que no cuentan con otros instrumentos alternativos con los que satisfacer sus necesidades sociales o económicas y, por tanto, han de dirigirse ante la Administración como último y único resorte en el que obtener sus peticiones.
 
Desde mi modesta concepción, la Constitución nos ofreció un elemental punto de partida, ambicioso y comprometido, para lograr el modelo de sociedad justa e integrada que define a lo largo de sus preceptos. Los derechos sociales y económicos expresados diseñan una trayectoria que compromete a todos los poderes públicos y señalan el destino que ha de procurar alcanzar el ejercicio democrático del poder
 
Esa justa y manifiesta demanda social es la expresión de los objetivos que debemos alcanzar sobre la base de tejer una red de instrumentos de lucha y promoción de los derechos sociales. Una faceta de divulgación y de establecer una cultura ciudadana de respeto a estos derechos en la que la Institución de los Defensores del Pueblo deben jugar un papel importante.
 
Y, desde luego, en esta tarea nuestra estrategia particular ha sido trabajar de una manera evidente en la promoción y divulgación de estos derechos convencidos de que sólo adquiriendo conciencia de sus contenidos, podremos ser activos en su reivindicación y demanda. La presencia por tanto de la Institución junto a colectivos y asociaciones ha querido ser una constante en nuestro trabajo cotidiano.
 
Se quiere así aprovechar las fórmulas más libres y espontáneas de la sociedad a la hora de organizar sus necesidades y unir sus esfuerzos en intereses comunes, para enriquecer la información de la Institución sobre las inquietudes que movilizan a los ciudadanos y la realidad de la problemática social en Andalucía, así como para extender los cauces de colaboración de esta Institución.
 
Para seguir esta lucha, procuramos despertar en la ciudadanía complicidades; pero en las instituciones buscamos compromisos. En cada uno de los poderes públicos debemos descubrir las facetas y las funciones que les son propias e incitar las respuestas que ayuden a construir esa concepción integradora del hondo significado del Estado Social y Democrático de Derecho.
 
Y, dentro de esas aportaciones nacidas entre instituciones, Administraciones Públicas y organismos, desearía también incluir a la Universidad como elemento esencial integrado en el cuerpo social que investiga las dudas del ser humano, forma a su juventud y divulga lo mejor de la creación cultural y científica. Con este potencial y con tan enorme capacidad de proyección moral, ¿cómo no concebir al mundo universitario como un lugar en el que cultivar los valores que hagan germinar la cultura ciudadana?
 
Desde tal interpretación, me complace comprobar que la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla persigue alcanzar un modelo abierto al mundo y permeable a la sociedad en la que se enraíza. Quiere ser, como señalan sus principios fundacionales, "una puerta abierta hacia el futuro". Un futuro que ya está aquí, con sus retos y con unos espacios que se estrechan y que reflejan con proximidad unas dimensiones del mundo cada vez más perceptibles.
 
Un espacio caprichoso que conforme se estrecha, más evidencia sus groseras diferencias y sus terribles abismos. Es el mismo lugar en el que se glosa la globalización económica y se perpetúan los protectorados del derroche. Opulencia y miseria deslumbran la contemplación de un mundo que parece no tener lugar para la dignidad de los seres humanos que lo habitan.
 
En la era de las comunicaciones, hemos perdido la capacidad de escuchar y de comprender a las personas. En la era de la revolución multimedia no alcanzamos a ver la tristeza del hombre o el miedo de una mujer que sólo buscan un lugar donde vivir dignamente. Mientras digitalizamos los agujeros negros o escudriñamos los confines del Universo, permanecemos ciegos ante la mirada del sufrimiento ajeno.
 
Cada momento histórico ha tenido sus propias características y sus señas de identidad, pero si hay alguna común a todas ellas, es ese afán de los seres humanos por encontrar un espacio natural para convivir en condiciones de dignidad.
 
Ese afán, que a lo largo de mi experiencia he conocido y perseguido —ya fuera como valores éticos o morales, como derechos sociales consagrados en un texto legal o como posturas de compromiso y testimonio en el seno de la sociedad civil— termino percibiendo que siempre está ahí, como aspiración natural de las personas.
 
Y a este ámbito vital, con independencia de las denominaciones que puedan dársele, yo lo identifico como los "Derechos Humanos", esos instrumentos indispensables y plenos para que todos los hombres puedan alcanzar las condiciones en que deben desarrollarse sus existencias individuales y colectivas.
 
Quiere esto decir que los Derechos que construyen la existencia digna de los hombres y mujeres no pueden encorsetarse o reducirse a categorías o generaciones. Los Derechos Humanos deben ser realidades dinámicas y expansivas que se adaptan a los contextos en que se desarrollan y que están llamados a convertirse en la horma bajo la cual construir un nuevo concepto de Justicia y Equidad para el siglo XXI.
 
Termino ya. Como habrán deducido de mis palabras, no me gusta este mundo, pero tampoco estoy dispuesto a rehuirlo. Y además, sé que no estoy solo. Hoy, aquí, percibo una compartida complicidad. Estimadas amigas y amigos: la redacción de estas líneas me ha supuesto un sincero esfuerzo de recuerdo y hasta de añoranza. Y curiosamente, en la misma forma que les indicaba la importancia de acercar la figura del Defensor a los problemas de la gente y a las formas en la que la ciudadanía se moviliza, parece que este caprichoso devenir me devuelve al punto de partida; a aquel tiempo en el que la conquista del bien común sólo se lograba desde la participación de todos.
 
Por eso no percibo ante estos retos la sensación de soledad. Porque más allá del vértigo por el tiempo transcurrido, comprendo la importancia de impregnar nuestras vidas del calor de los demás; de todas y todos; sin límites ni fronteras. Sencillamente porque nos necesitamos todos para ganar la mayor dignidad que hace al ser humano: la Libertad. Como decía Octavio Paz, "la libertad es preciosa como el agua y, como ella, si no la guardamos se derrama, se nos escapa y se disipa".
 
Una Libertad, nueva y plena, que se apropie del futuro, como el alba que se avecina y que María Zambrano glosa: "Ante el alba, el hombre se encuentra consigo y ante sí, en ese su ir a desbordarse e ir a ocultarse, en esa su indecisa libertad semisoñada."
 
Muchas gracias.