Defensor del Pueblo Andaluz

Se han celebrado en Granada las III Jornadas de Trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dedicadas a los delitos contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.

Después de los debates y el análisis de las intervenciones surgidas, ambas instituciones han llegado a varias conclusiones que quieren exponer públicamente.

PRIMERA.- El Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía del TSJA desean reiterar a los poderes públicos y a toda la sociedad andaluza en su conjunto la importancia de los valores e intereses generales relacionados con nuestro medioambiente y el patrimonio histórico-artístico. Son valores que merecen una tutela acorde con su importancia, en la que las distintas autoridades competentes deben extremar sus labores de promoción, concienciación y vigilancia.

SEGUNDA.- La existencia de una amplia normativa de intervención y protección en el ámbito administrativo debe ser complementada con la singular protección que se ofrece desde el ámbito del Derecho Penal, lo que exige desarrollar mecanismos imprescindibles de coordinación y colaboración entre todos los poderes y autoridades competentes para ofrecer esa protección ejercida con eficacia y responsabilidad.

TERCERA.- El Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía del TSJA, conscientes de su función protectora de los derechos y promotora de la legalidad, han analizado aspectos concretos en el tratamiento penal de las conductas que atentan contra los valores medioambientales e histórico-artísticos de nuestra sociedad y ofrecen posibles vías de mejora en las respuestas que determina el ordenamiento penal.
Por un lado, el trabajo que se ha desarrollado en relación con los delitos sobre la ordenación del territorio y de índole urbanística ha permitido analizar diversos acuerdos que se adoptaron en jornadas anteriores. De un lado, se ha elaborado un informe específico sobre las modificaciones del Código Penal que se estiman convenientes para perfeccionar la regulación en esta delicada materia y también para incluir como descriptivas de este delito las actividades de parcelaciones ilegales. El Defensor realizará en breves fechas una comparecencia singular ante el Parlamento a fin de dar cuenta de esta iniciativa de adecuación de la norma penal.

Del mismo modo, se ha informado de todas las reuniones y acciones de información y sensibilización que el Defensor ha desarrollado ante los Ayuntamientos, la Agencia Tributaria, el notariado y los propios registradores, a fin de que se extremen las medidas de control que deben desarrollar estos operadores jurídicos en relación con la protección de los valores territoriales y ambientales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico.
Por cuanto respecta a los delitos contra el patrimonio histórico y artístico, la Fiscalía del TSJA y el Defensor han convenido la oportunidad también de una mejora técnica en la regulación de los delitos propios de esta materia. En todo caso, y a pesar de la conveniencia de esta posible reforma, coinciden en recordar que la actual normativa penal permite ofrecer un cauce de protección singular y válido para perseguir comportamientos inaceptables.
Ambas instituciones coinciden en que no existe razón jurídica alguna que justifique la impunidad con que se siguen produciendo algunas conductas atentatorias contra nuestro patrimonio histórico. Los participantes de estas jornadas recuerdan la obligación de denuncia que recae sobre los ciudadanos y los poderes públicos que tengan conocimiento de cualquier hecho delictivo de esta naturaleza.
La tercera materia que se ha analizado en estas jornadas ofrece también una importancia singular y creciente. Nos referimos a los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente.

Dentro de las respectivas responsabilidades de tutela y protección de valores esenciales para la sociedad, Fiscalía y Defensor han propuesto varios aspectos que mejoraría el tratamiento penal de estas conductas delictivas. En concreto han expresado la importancia de contar con una Ley General del Medio Ambiente que unifique, en el ámbito administrativo, una normativa sectorial dispersa y confusa que encaja con dificultad en la regulación de ámbito penal. También han expresado la utilidad de establecer penas de inhabilitación profesional de los responsables de estos delitos, incluyendo mecanismos adecuados para considerar a las personas jurídicas como plenamente responsables en los casos de delitos contra el medioambiente.
Otro aspecto de mejora del Código Penal es garantizar un efectivo resarcimiento económico de los daños causados, y lograr que la sanción económica que se imponga a los responsables disuada las expectativas de obtención de beneficios que se persiguen con estos incumplimientos.
Por último, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía continuarán, en un futuro, colaborando con el objetivo de dispensar una mayor tutela de los derechos constitucionales, como función común, aunque abordada con distintas responsabilidades y técnicas de intervención, desde ambas instituciones.
Por ello, respecto de las actuaciones que poseen una singular incidencia en la protección de estos bienes jurídicos, en los términos que sean procedentes, intercambiaremos información, realizaremos propuestas e iniciaremos las actuaciones que sean necesarias para mejorar las técnicas destinadas a proteger a la sociedad y a nuestro territorio de las conductas infractoras y, en su caso, delictivas que lesionan los valores y patrimonios protegidos por las leyes.

Granada, 2 de Marzo de 2006