Defensor del Pueblo Andaluz
Viernes, 10 de Febrero de 2012
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Comunicados sobre actuaciones
>> XXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL URBANISMO. Conclusiones y recomendaciones.
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DECLARACIÓN CONJUNTA
La situación actual del urbanismo y la vivienda presenta importantes
problemas sociales que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos y a sus derechos
constitucionales. La carestía de la vivienda, el endeudamiento desmesurado de las familias, la
imposibilidad de acceso a una vivienda digna para muchos colectivos sociales, son sólo algunos de
ellos.
Junto a esta realidad, se observa asimismo un deterioro de los valores ambientales de nuestro territorio que, en el ámbito del suelo y la vivienda, no hubiera sido posible sin los actuales modelos urbanísticos.
Ante todo ello, los Defensores y Defensoras del Pueblo entienden que los poderes públicos deben prestar mayor atención al impulso y garantía de determinados valores constitucionales como el acceso a una vivienda digna y adecuada, la protección del medio ambiente o la protección del patrimonio histórico.
El papel que les corresponde a las Administraciones Públicas debe girar en torno a los siguientes ejes de actuación:
En relación a estas propuestas los Defensores y Defensoras del Pueblo manifiestan su compromiso de prestar atención preferente al impulso, control y evaluación de su efectiva aplicación por parte de las distintas Administraciones Públicas.
León, 18 de octubre de 2006
Junto a esta realidad, se observa asimismo un deterioro de los valores ambientales de nuestro territorio que, en el ámbito del suelo y la vivienda, no hubiera sido posible sin los actuales modelos urbanísticos.
Ante todo ello, los Defensores y Defensoras del Pueblo entienden que los poderes públicos deben prestar mayor atención al impulso y garantía de determinados valores constitucionales como el acceso a una vivienda digna y adecuada, la protección del medio ambiente o la protección del patrimonio histórico.
El papel que les corresponde a las Administraciones Públicas debe girar en torno a los siguientes ejes de actuación:
- POTENCIAR LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL URBANISMO "pasando del urbanismo de los promotores al urbanismo de la ciudadanía".
- INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y EL FUTURO DE SUS CIUDADES.
- INTERVENIR DE FORMA INMEDIATA ANTE LAS ACTUACIONES CONTRARIAS AL INTERÉS GENERAL DE LOS CIUDADANOS, REFORZANDO LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, EN ESPECIAL HACIENDO USO DE LAS MEDIDAS DE SUSPENSIÓN CAUTELAR.
- ARBITRAR MEDIDAS PARA CORREGIR EL ACTUAL DESEQUILIBRIO ENTRE LAS AMPLIAS COMPETENCIAS DE QUE DISPONEN LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS ESCASOS MEDIOS TÉCNICOS CON QUE MUCHOS DE ELLOS CUENTAN.
- UTILIZAR LOS MEDIOS QUE EL ACTUAL MARCO NORMATIVO PERMITE EN POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA, como son el fomento de viviendas protegidas; la conservación y adecuado mantenimiento del patrimonio del parque público de vivienda; rehabilitación integral de los cascos antiguos y de las periferias de nuestros municipios, e incentivar políticas favorecedoras de acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
En relación a estas propuestas los Defensores y Defensoras del Pueblo manifiestan su compromiso de prestar atención preferente al impulso, control y evaluación de su efectiva aplicación por parte de las distintas Administraciones Públicas.
León, 18 de octubre de 2006
FIN
