Defensor del Pueblo Andaluz

I. INFANCIA

1º. En el entorno internacional, nacional y autonómico existe actualmente una normativa suficiente, aunque dispersa y fragmentaria, para garantizar la protección de los derechos de la infancia en relación con los medios de comunicación. No obstante, en este foro se ha concluido que es precisa una actualización y vertebración de esta normativa para garantizar su conocimiento y cumplimiento.

Asimismo, es prioritario exigir un mayor cumplimiento de estas normativas y la coordinación de las diferentes instancias judiciales y administrativas con competencia.

Se evidencia, además, la necesidad de pasar del concepto del menor como objeto de protección, al menor como sujeto de derecho.

2º. Existen también suficientes códigos deontológicos y operadores adheridos al Código de Autorregulación firmado en 2004 entre las principales cadenas de ámbito estatal y autonómico. Sin embargo, es evidente su escaso cumplimiento. De ahí que se requiera de los operadores adheridos una mayor rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades por parte de quienes incurran en su incumplimiento. En este sentido, se recomienda que todos los operadores, independientemente de su ámbito territorial, suscriban este Código de Autorregulación. Igualmente, se ha señalado que las normas de autorregulación son poco conocidas por los profesionales de los medios audiovisuales, lo que conlleva que no se tenga en cuenta su aplicación en el trabajo diario.

3º. Este foro ha apostado claramente por la promoción y el impulso de las buenas prácticas en la labor cotidiana de los medios audiovisuales que deben ser reconocidas por las instituciones y asociaciones relacionadas con el sector. En esta línea se debe primar la participación real de los menores en la elaboración de los contenidos dirigidos específicamente a ellos, así como la difusión de programas que contribuyan a su desarrollo pleno y que garanticen el respeto de todos sus derechos, especialmente la protección de la privacidad e intimidad no sólo del menor, sino también de su entorno (familiar, vecinal, etc.) para preservar su anonimato. Asimismo, se deben promocionar aquellos contenidos que impulsen los valores de igualdad, solidaridad y respeto.

4º. Hay que hacer un esfuerzo para alcanzar una mayor sensibilización y corresponsabilidad de padres y madres en relación con los menores y los medios audiovisuales, particularmente, con el uso de las nuevas tecnologías.

5º. El Consejo Audiovisual de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz se comprometen a generar e impulsar desde sus respectivas instituciones todos aquellos instrumentos y mecanismos que extremen y garanticen el respeto a los derechos de la infancia y de la juventud. Un avance importante sería la creación de un consejo audiovisual de ámbito estatal.

II. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES.

1º. A pesar de los importantes avances alcanzados en relación con el conocimiento y tratamiento de las enfermedades mentales, no se han superado los estigmas que rodean a estos trastornos y que originan el aislamiento, la automarginación y rechazo social de las personas que los padecen.

Con frecuencia, los medios audiovisuales contribuyen a difundir las creencias erróneas que rodean a la enfermedad mental, perpetuándolas en el tiempo. En la elaboración de las noticias sólo se debe aludir a la patología cuando sea imprescindible para entender la información.

2º. Es fundamental no asociar la enfermedad mental a un comportamiento peligroso o violento, ya que la realidad y las investigaciones científicas demuestran la escasa relación entre enfermedad mental y violencia. En estas Jornadas se ha puesto de manifiesto que la violencia recae con mucha frecuencia sobre las personas con trastornos mentales.

3º. Se recomienda difundir imágenes positivas de personas con trastornos mentales, y en particular con esquizofrenia, en contextos normales de vida, en el trabajo e integrados en la comunidad.

4º. Se percibe un incumplimiento del respeto a los derechos fundamentales (intimidad, honor, propia imagen…) de las personas con trastornos mentales, de ahí que se inste a los medios de comunicación a extremar el tratamiento respetuoso de este colectivo.

5º. Existen ya códigos específicos y recomendaciones dirigidas a lograr una información no estigmatizante, pero son escasamente conocidos por los profesionales de los medios. Se recomienda, por tanto, a los operadores una mayor difusión entre sus trabajadores, así como que se incluyan en los programas docentes de las facultades de comunicación.

6º. Por último se considera importante la emisión de campañas de sensibilización, que contribuyan al conocimiento y prevención de la enfermedad mental, así como a la integración de quienes la padecen. No obstante, se ha insistido en la conveniencia de hacer un seguimiento de las mismas y evaluar su impacto.

III. TRATAMIENTO DE LA INMIGRACIÓN.

1º. Es preciso abandonar un tratamiento informativo, casi unidimensional, dirigido a poner de manifiesto los aspectos negativos que presenta la inmigración, en no pocas ocasiones ofreciendo una imagen de ilegalidad en sentido amplio, cuando no de delincuencia y, en el mejor de los casos, trasladando la idea que se trata de personas que llegan a nuestro país necesitadas de ayuda del erario público y en una situación de desvalimiento.

2º. Queremos poner de manifiesto la excesiva simplicidad con la que se plantea en hecho de la inmigración, resaltando aspectos fuera de contexto y que no responden mínimamente a la complejidad del fenómeno y, sobre todo, no se tiene en cuenta que el referente, siempre que hablamos de personas, deber ser el respeto a su dignidad.

3º. Consideramos que los valores constitucionales vinculan tanto a los medios de comunicación públicos como a los privados a tenor de lo previsto en el artíuclo 9.1 de la Constitución; sin embargo en el tratamiento informativo de la población inmigrante es frecuente que se olvide el respeto a derechos constitucionales tales como la intimidad personal, la propia imagen, el respeto al honor e, incluso, los derechos de los menores afectados.

4º. Debemos dar a conocer los problemas con los que, en el día a día, se están enfrentando los inmigrantes, pero también hacer llegar los beneficios que aportan a nuestra sociedad, no sólo en temas sociales y culturales, sino a su vez económicos, en una nación cuya productividad en los últimos años es imposible comprender de no tener en cuenta la aportación que los más de tres millones de trabajadores extranjeros, la mayoría extracomunitarios, están realizando en los distintos sectores productivos.

5º. Es preciso resaltar que los datos de empleo, su formación y sus ansias de integración -con todas las excepciones que se quieran- reflejan un colectivo que, teniendo en cuenta su dimensión actual y el poco tiempo que hace que se han instalado en nuestro país, no puede ser calificado, en modo alguno y contrariamente a la imagen que aparece en los medios de comunicación, como singularmente problemático.