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En consecuencia con lo actuado, y en base a las
consideraciones anteriores, formulamos a la Alcaldía,
Sugerencia concretada en que las sesiones plenarias de
carácter extraordinarias y las, extraordinarias urgentes, se convocaren, en todo caso, cumpliendo
los requisitos legales exigidos para ellos, y para tratar los asuntos que por razones fundamentadas
por la Alcaldía justificasen dichas convocatorias; y, en el supuesto de las sesiones
extraordinarias urgentes, la urgencia fuere ratificada por la mayoría simple del Pleno Municipal,
como primer punto del Orden del día.
Consideramos que actuando en la forma indicada se lograría una actuación de la Administración
Municipal más acorde a los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,
previsto en el artículo 103.1 de la Constitución, así como al derecho fundamental consagrado en el
artículo 23.2 en relación con el 23.1 de la Constitución.
Dicho precepto constitucional, reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos, en elecciones periódicas,
por sufragio universal. Y, en este caso, en su condición de Concejal, el miembro del Grupo
Municipal gozaba de las prerrogativas inherentes a su cargo y le compete el control y
fiscalización de los órganos de gobierno.
Por el momento no hemos recibido aún la repuesta de la Alcaldía-Presidencia, pese a que
con fecha 12 de Febrero de 2007, se le había reiterado la necesidad de responder a las Resoluciones
de la Institución.
En escrito de
queja 05/5197, por representantes de Grupo Político del
Pleno, en el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) se nos indicaba lo siguiente:
- “(...) Desde el principio de esta legislatura nuestro concejal ha
sido marginado sistemáticamente por los gobernantes locales que han incumplido normas democráticas
legales con total impunidad con respecto al funcionamiento y el trato a los Concejales y a la
oposición.
- Prácticamente todos los Plenos que se celebran son
Extraordinarios-Urgentes, y casi ninguno Ordinarios, abusando de esta figura legal de convocatoria
de plenos porque es con la que más fácilmente pueden impedir la participación oral y escrita de los
concejales opositores. (...)
- (...) hemos argumentado la ilegalidad de estos hechos y hemos
solicitado explicaciones al Alcalde, que ni siquiera nos ha respondido. Hemos denunciado este
proceder al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía y tampoco hemos recibido respuestas hasta
la fecha. (...)”
Con fecha 18 de Marzo de 2005 el Concejal del Grupo Municipal .presentó escrito ante la
Alcaldía solicitando explicaciones por escrito sobre la celebración de Pleno Extraordinario el día
8 de Marzo de 2005 sin haber sido citado formalmente.
Igualmente, con fecha 2 de Diciembre de 2005 el representante de dicho Grupo, y Concejal de
ese Ayuntamiento, denunció la celebración de otra sesión plenaria, de carácter extraordinaria
urgente, celebrada el día 23 de Noviembre de 2005, sin haber sido citado a dicha sesión.
Tras recibir el informe de la Alcaldía y valorar la documentación obrante en las actuaciones,
efectuábamos las siguientes consideraciones:
- “Primera. Entre los derechos y deberes de los Concejales en relación
a las sesiones de los órganos colegiados de los Ayuntamientos de los que forman parte, se
encuentran, entre otros, los siguientes:
- Asistir, con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos
colegiados de que formen parte. (art. 12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986.
- Recibir con antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de
la sesión (art. 46.2.b Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL)
Segunda. En relación con el régimen de sesiones de los órganos colegiados, debemos recordar
que éstas tendrán carácter extraordinario cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la
cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación (art. 46.2.a. LRBRL);
exigiéndose por el art. 78.2 del ROF, que esta última petición se haga mediante escrito razonado en
que se enumeren los puntos a incluir en el orden del día de la sesión propuesta.
Tercera. Como modalidad de las sesiones extraordinarias, se encuentra las de carácter
urgente caracterizadas porque, en ellas, no es preciso que la convocatoria circule con dos días de
antelación. Como excepción al régimen general de la potestad del Presidente para convocar, en este
supuesto, se exige que la convocatoria sea ratificada, como primer punto del Orden del Día, por el
Pleno –por mayoría simple-, de modo que si el Pleno vota la no celebración de la sesión, ésta debe
levantarse sin entrar en el estudio de los asuntos (art. 79 ROF).
La ratificación de urgencia debe referirse a todos los asuntos incluidos en el orden del día
de la convocatoria, por lo que la STS de 4 de Abril de 1991 declara la nulidad de sesión
extraordinaria urgente cuya ratificación se refiere a uno de los puntos del día en que se basó la
convocatoria, pero no a los restantes que fueron tratados en la sesión.
La sentencia de 8 de Octubre de 1986, ha señalado que el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril –LRBRL, no exige plazo entre la convocatoria y la celebración de las sesiones extraordinarias
urgentes, pero ello no significa que los Plenos puedan convocarse sin tiempo suficiente para poder
citar a los asistentes; por otra parte, la urgencia es un concepto jurídico indeterminado
(existencia o no urgencia) que puede ser fiscalizado por los Tribunales de Justicia.
Cuarta. Entre los requisitos previos a la celebración de las sesiones por el Pleno de la
Corporación, cabe señalar:
a) La convocatoria de la sesión –art. 80.1 ROF- corresponde al Alcalde (facultad
indelegable, según el art. 21.3 LRBRL); debiendo motivarse la de las sesiones extraordinarias.
b) A la convocatoria se acompaña el Orden del Día y el borrador del acta de la sesión
anterior (art. 80.2 ROF).
c) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación,
salvo las extraordinarias urgentes (art. 46.2.b. LRBRL).
Conforme a los arts. 5 del Código Civil y 48.1 Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJAP-PAC-, el
día de la notificación queda excluido del plazo; lo que, por otra parte, es una garantía, ya que
debiendo hacerse la notificación a todos los Concejales en su domicilio, si se computase el día de
la convocatoria habría que determinar el momento inicial de las 48 horas (art. 7 del Código Civil:
si en las leyes se habla de días se entiende que son de 24 horas) desde que recibiera la
notificación de la convocatoria el último Concejal.
A este respecto, conviene reseñar la STS de 5 de Julio de 1994 declara nula la
convocatoria de sesión extraordinaria porque entre la convocatoria y la celebración de la sesión no
transcurrió el plazo de dos días, ya que éstos han de ser hábiles, no computándose el día de la
convocatoria y debiendo transcurrir por entero el día final.
Quinta. Debemos recordar que la participación efectiva en la actuación pública de los
miembros de las Corporaciones Locales se manifiesta en una amplia gama de asuntos concretos entre
los que cabe destacar el derecho al control y fiscalización de todas las actuaciones municipales.
A este respecto, conviene recordar que el artículo 22.2.a) de la ya citada Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre,
establece que al Pleno del Ayuntamiento corresponde el control y la fiscalización de los órganos de
gobierno del mismo. Y, el artículo 19 de la misma disposición estipula que el Gobierno y la
Administración Municipal corresponde al Ayuntamiento integrado por el Alcalde y los Concejales.”&
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En conclusión, los hechos denunciados por el interesado como Concejal
de esa Corporación, y la actuación reiterada de la Alcaldía y el equipo de Gobierno sobre
convocatorias y celebración de plenos extraordinarios y extraordinarios urgentes, sin cumplir los
requisitos legales (plazo mínimo de dos días hábiles para los no urgente, y en las urgentes, la
ratificación de urgencia) supondría el quebranto de las reglas esenciales para la formación de la
voluntad del Pleno de la Corporación, por cuanto se produciría un vicio de nulidad absoluta que no
podría entenderse subsanado por el hecho de la efectiva asistencia a sesión, posibilidad de
información de los asuntos a tratar, etc, (sentencias del Tribunal Supremo de 5/7/1994 y 20/5/1998,
entre otras).
En consecuencia con lo actuado, y en base a las consideraciones anteriores, formulamos a la
Alcaldía, Sugerencia concretada en que las sesiones plenarias de carácter extraordinarias y las,
extraordinarias urgentes, se convocaren, en todo caso, cumpliendo los requisitos legales exigidos
para ellos, y para tratar los asuntos que por razones fundamentadas por la Alcaldía justificasen
dichas convocatorias; y, en el supuesto de las sesiones extraordinarias urgentes, la urgencia fuere
ratificada por la mayoría simple del Pleno Municipal, como primer punto del Orden del día.
Consideramos que actuando en la forma indicada se lograría una actuación de la Administración
Municipal más acorde a los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,
previsto en el artículo 103.1 de la Constitución, así como al derecho fundamental consagrado en el
artículo 23.2 en relación con el 23.1 de la Constitución.
Dicho precepto constitucional, reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos, en elecciones periódicas,
por sufragio universal. Y, en este caso, en su condición de Concejal, el miembro del Grupo
Municipal.... gozaba de las prerrogativas inherentes a su cargo y le compete el control y
fiscalización de los órganos de gobierno.
FIN