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Sábado, 11 de Febrero de 2012
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>>  Informe del Defensor del Pueblo Andaluz: Protección y seguridad en centros docentes de Andalucía (2003)
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Esta Institución ha venido recibiendo varias denuncias acerca de la situación en que se encontraban algunos centros docentes andaluces que adolecían de sistemas de protección que garantizasen debidamente la seguridad de los alumnos y demás personal docente y no docente que habitualmente utilizaban los mismos. Estas situaciones de riesgo evidente, que pudimos comprobar personalmente con ocasión de las visitas efectuadas a dichos centros, se concretaban fundamentalmente en carencias o deficiencias en los equipamientos básicos de seguridad -tales como extintores, bocas de incendios, sistemas de aviso y alarma, sistemas de alumbrado de emergencia, equipos y material de primera intervención-, la inexistencia de planes de autoprotección y la no realización de ejercicios de evacuación de emergencia.

Ciertamente, en el mundo actual la cultura de la protección y la seguridad están sufriendo una profunda evolución cuya manifestación más importante es la apuesta prioritaria por el criterio de la prevención, esto es, por la adopción de medidas que permitan evitar o minimizar riesgos, frente a la tradicional apuesta por criterios reactivos basados en la acumulación de importantes y costosos medios para intervenir cuando la situación de riesgo ha devenido en situación de crisis.

Todas las circunstancias analizadas en las quejas sobre esta cuestión nos hacían temer que un número significativo de centros docentes andaluces estuviesen asumiendo situaciones de riesgo que, no sólo ponían en peligro la integridad y seguridad de las personas que utilizaban habitual u ocasionalmente las instalaciones educativas, sino que además comportaban un incumplimiento de las prescripciones legales sobre sistemas de protección en centros docentes no universitarios.

Por ello, y con el objetivo de comprobar si los centros docentes andaluces cumplían los parámetros mínimos de seguridad que exige la normativa vigente, consideramos necesario acometer una investigación de oficio que nos permitiera disponer de datos precisos sobre los sistemas de protección y seguridad en todos los centros docentes públicos de niveles no universitarios. La investigación que ha permitido la elaboración del presente Informe se ha desarrollado en tres ámbitos complementarios:

  • Solicitud de informe a la Administración Educativa, a fin de conocer los datos obrantes en la Consejería de Educación y Ciencia acerca de las condiciones de seguridad en nuestros centros docentes.
  • Remisión de un cuestionario con un conjunto de preguntas precisas a un total de 300 centros docentes de Andalucía, seleccionados aleatoriamente con arreglo a técnicas estadísticas. Dichos cuestionarios fueron debidamente cumplimentados por 271 centros, lo que supone un 90% del total de centros investigados.
  • Realización de visitas de inspección a un total de 54 centros docentes repartidos por toda la geografía andaluza y seleccionados aleatoriamente de entre los centros que habían sido destinatarios de los cuestionarios.
   
Principales resultados de la investigación:

Como criterios de valoración hemos optado por definir cuatro calificaciones de centros en función del nivel de seguridad que existe en los mismos frente a los riesgos evaluados en el presente Informe. Para ello hemos tomado en consideración el grado de cumplimiento por los mismos de las medidas de seguridad y protección que estimamos indispensables de acuerdo con lo que estipula la vigente normativa y siguiendo los parámetros marcados al efecto por los expertos que hemos podido consultar. Estas calificaciones son las siguientes: Bueno, Regular, Deficiente y Muy Deficiente.

Estos requisitos mínimos e imprescindibles de seguridad son los siguientes:

  • Contar con el plan de autoprotección.
  • Haber realizado ejercicios de evacuación de emergencia en al menos dos de los cuatro cursos tomados en consideración en el Informe.
  • Disponer de extintores en cada planta de los edificios escolares y que los mismos hayan sido revisados en los últimos 12 meses por empresa especializada.
  • Contar con sistema específico de aviso y alarma para emergencias.
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