>> Discapacitados y acceso al empleo de las Administraciones Públicas
INICIO
- Presentado en el Parlamento de Andalucía el 8-11-2004
- Publicado en BOPA nº 111, de 23-12-2004, VII Legislatura.
- Debate en la Comisión de Discapacidad celebrada el 15-2-2005, Diario de Sesiones de Comisiones, serie B nº 19, VII Legislatura
FIN
La conquista de la efectiva igualdad e integración de las personas con discapacidad ha sido una
constante en el trabajo diario de esta Institución desde que comenzó su funcionamiento en 1984.
La afectación de una discapacidad en nuestra sociedad se convierte en una circunstancia clara de desigualdad para la persona que la padece, lo que es totalmente incompatible con su condición de sujetos titulares de plenos derechos.
A lo largo de todos estos años hemos constatado una gran paradoja con respecto a la consideración de las personas con discapacidad. Y es que, en un sentido genérico, no han existido grandes dificultades para ir avanzando en el reconocimiento de un marco formal de igualdad. Sin embargo, la realidad no se ha ido construyendo conforme a ese modelo: el desfase entre los deseos del legislador, por un lado, y los compromisos de los poderes públicos y de la sociedad, por otro, ha sido enorme, sin que pueda quedar justificado por las actuaciones que, desde las distintas Administraciones Públicas se han realizado.
El objeto directo de este Informe ha sido conocer precisamente cómo las Administraciones Públicas acometen distintas medidas que garanticen y hagan efectiva esa igualdad formal declarada.
En suma, ha sido difícil describir la aplicación práctica de una serie de normas que se han establecido para procurar el acceso de las personas discapacitadas al empleo público. Unas normas que dibujan un compromiso legal ineludible que ofrece aún resultados muy pobres, lejos del papel de liderazgo e impulso que los poderes públicos deben ofrecer a la sociedad, y a los agentes económicos en particular, en pro de la integración laboral de las personas con discapacidad.
La afectación de una discapacidad en nuestra sociedad se convierte en una circunstancia clara de desigualdad para la persona que la padece, lo que es totalmente incompatible con su condición de sujetos titulares de plenos derechos.
A lo largo de todos estos años hemos constatado una gran paradoja con respecto a la consideración de las personas con discapacidad. Y es que, en un sentido genérico, no han existido grandes dificultades para ir avanzando en el reconocimiento de un marco formal de igualdad. Sin embargo, la realidad no se ha ido construyendo conforme a ese modelo: el desfase entre los deseos del legislador, por un lado, y los compromisos de los poderes públicos y de la sociedad, por otro, ha sido enorme, sin que pueda quedar justificado por las actuaciones que, desde las distintas Administraciones Públicas se han realizado.
El objeto directo de este Informe ha sido conocer precisamente cómo las Administraciones Públicas acometen distintas medidas que garanticen y hagan efectiva esa igualdad formal declarada.
En suma, ha sido difícil describir la aplicación práctica de una serie de normas que se han establecido para procurar el acceso de las personas discapacitadas al empleo público. Unas normas que dibujan un compromiso legal ineludible que ofrece aún resultados muy pobres, lejos del papel de liderazgo e impulso que los poderes públicos deben ofrecer a la sociedad, y a los agentes económicos en particular, en pro de la integración laboral de las personas con discapacidad.
