Defensor del Pueblo Andaluz

Con independencia de ello, la primera conclusión que cabe hacer a la vista de los datos recabados durante la investigación es que parece estar registrándose un incremento importante de los menores aquejados por algún tipo de trastorno del comportamiento, ya venga éste asociado a algún tipo de patología clínica o no.

Avalan esta conclusión diferentes datos publicados recientemente que, aunque fragmentarios, nos permiten hacernos una idea de la evolución experimentada por este problema en nuestro País en los últimos años.

Así, los registros judiciales provenientes de los Juzgados de Menores recogen un continuo aumento de casos en que aparecen menores como inculpados por delitos de violencia en el ámbito familiar, señalando los expertos que un porcentaje muy relevante de estos casos está constituido por agresiones de menores hacia sus familiares más directos.

Asimismo, ha aumentado significativamente el número de menores imputados y condenados en virtud de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor por la comisión de delitos graves, entre los que se incluyen delitos contra las personas y las cosas cometidos empleando una violencia excesiva e innecesaria. Debiendo destacar, a estos efectos, el incremento de las sentencias condenatorias contra menores por casos de bullying o violencia escolar.

Por otro lado, las condenas por comportamientos antisociales de menores, ya sea actuando solos o en grupos, con resultado de daños para personas o bienes, también han tenido una importante presencia en las estadísticas judiciales.

Pero si abandonamos el ámbito judicial para trasladarnos a otros ámbitos de la vida pública también nos encontramos con datos preocupantes que podrían inducir a pensar en un incremento de los casos de menores con comportamientos antisociales.

Así, en el ámbito educativo, los datos facilitados por los numerosos estudios realizados en los últimos años en torno al problema de la violencia escolar, ponen de manifiesto que aumentan los casos de menores con comportamientos disruptivos en los centros de enseñanza, presentando algunos de ellos grados significativos de reincidencia en la realización de conductas contrarias a la convivencia escolar y siendo preocupante el incremento en el número de casos en que estos menores presentan conductas especialmente violentas o agresivas.

Si nos trasladamos al ámbito social nos encontramos con datos provenientes de los Servicios Sociales que alertan del incremento de situaciones conflictivas en entornos sociales y familiares protagonizadas por menores con comportamientos antisociales que reclaman de su intervención.

En este sentido, es relevante que los Servicios Sociales se hayan visto precisados en los últimos años de crear nuevos programas de intervención social destinados a menores con comportamientos de riesgo o a familias con problemas intrafamiliares derivados de conflictos convivenciales entre padres e hijos. Los primeros datos ofrecidos por los programas de mediación familiar puestos en marcha recientemente por la Junta de Andalucía revelan que un porcentaje importante de los casos tratados obedecían a problemas relacionales entre padres e hijos, motivados especialmente por conductas violentas y desafiantes de los mismos en el entorno familiar.

De igual modo, ha sido notorio el incremento de la preocupación social por los problemas originados por menores con comportamientos incívicos o antisociales, como pueden ser los casos de vandalismo juvenil, asociados con frecuencia al fenómeno del consumo público de alcohol en los denominados “botellones” o el problema de las pandillas de jóvenes violentos que agreden, roban o intimidan a otros menores o a adultos.

No obstante, concluir que todos estos datos son el reflejo evidente de que se han incrementado en nuestra sociedad los casos de menores con trastornos del comportamiento, sería, cuando menos, una temeridad, puesto que en ninguna de las estadísticas citadas se incluye como elemento de valoración el hecho de que el menor tenga o no un trastorno de conducta.

Es obvio que un número importante de los menores que aparecen reflejados en las estadísticas judiciales, educativas o sociales no presentan un trastorno de conducta, aunque hayan sido protagonistas de comportamientos anómalos o claramente antisociales. En muchos de estos casos, nos encontramos ante hechos puntuales protagonizados por menores con un comportamiento en general normalizado o con casos de menores que provienen de entornos sociales desestructurados y que se limitan a seguir las pautas de conducta propias de su entorno sin que ello implique que estén afectados por algún tipo de trastorno de conducta.

No obstante, parece evidente que estos datos reflejan un incremento de los comportamientos antisociales protagonizados por menores y que son, por tanto, cuando menos indiciarios de que puede haberse incrementado el número de menores con trastornos de conducta, ya que estos son comportamientos típicos en menores aquejados de este tipo de problemas conductuales.

Pero es que, además, existen una serie de datos que sí contemplan específicamente la variable del trastorno de conducta del menor y que nos llevan a concluir que, efectivamente, la presencia de este problema se está incrementando en nuestra sociedad.

Tal es el caso de los datos procedentes del sistema público de salud, en concreto de los provenientes de las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), que reflejan claramente que han aumentado los casos de menores diagnosticados de patologías asociadas a los trastornos de conducta o del comportamiento.

Asimismo, hemos de referirnos a los datos provenientes del sistema educativo, concretamente de los Equipos de Orientación Educativa encargados de dictaminar las necesidades educativas especiales de los alumnos y que incluyen en sus estadísticas una presencia creciente de menores con problemas educativos derivados de trastornos de conducta.

Por último, y no menos relevante, hemos de hacer mención a los datos ofrecidos en este mismo Informe sobre los menores tutelados por la Administración e ingresados en centros de protección que desarrollan programas específicos para menores con trastornos de conducta o del comportamiento.

Estos datos revelan un incremento continuado en el número de plazas reservadas en estos programas y en el número de estancias de menores en estos centros, que demuestran un incremento del problema, al menos por lo que a los menores tutelados se refiere.

Aunque son datos parciales y no representativos del conjunto de los menores andaluces, está claro que los mismos son suficientemente significativos de la creciente presencia del problema de los menores con trastornos de conducta en la sociedad andaluza.

Se trata además, y esta sería la segunda conclusión, de un problema que trasciende del estricto ámbito familiar, para presentar graves e importantes consecuencias en otros ámbitos conexos, como el educativo, sanitario o social.

Se trata, por tanto, de un problema complejo y difícil que no puede ser afrontado exclusivamente por las familias, sino que exige de un abordaje multidisciplinar en el que se combinen las medidas sanitarias con las sociales y educativas y para el que es necesario coordinar y aportar todos los recursos disponibles, además de crear algunos nuevos.