Defensor del Pueblo Andaluz

Uno de los principales problemas en los próximos años es sin duda el envejecimiento de la población. Hablar hoy de las personas mayores significa plantear los cambios que se está produciendo en este sector, las nuevas necesidades que se manifiestan, la insuficiencia de recursos adecuados para dar una respuesta positiva.

Seguimos con la inercia de calificar como personas mayores a las que alcanzan los 65 años, lógicamente por la ruptura que al cumplir esa edad suele producirse con la vida laboral. Esta idea, como todos saben, está cambiando de forma que la tendencia a prorrogar la actividad laboral más allá de los 65 años está también planteada y no sólo por cuanto significa para reforzar la viabilidad económica del sistema de pensiones, sino por las buenas condiciones en las que se llega a ese momento, en muchos casos.

Precisamente, por la buena situación personal en la que se llega a esa edad por la mayoría de las personas se viene ya planteando dar contenido al llamado "envejecimiento activo". Programas como "las aulas universitarias para personas mayores " están siendo cada vez más demandadas en nuestra Comunidad Autónoma; "los talleres de informática" que existen en los Centros de Día de Mayores de la Junta de Andalucía" o el "Turismo Rural" son nuevas formas elegidas por la gente mayor para dar contenido a su tiempo libre en los primeros años posteriores a la jubilación.

Pero junto a estos primeros años del llamado envejecimiento vienen más tarde los que realmente se identifican con una situación de necesidad en los mayores, con un problema para ellos y para sus familiares. Por eso hoy, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que hablar forzosamente "dependencia", de personas dependientes.

Que la institución del Defensor del Pueblo Andaluz haya organizado estas Jornadas para tratar de temas referidos a las personas mayores es una muestra de la importancia que este colectivo tiene para las instituciones y para la sociedad en general. Y ceñir su contenido a la "Vivienda" de los mayores es plantear nuevas iniciativas para dar respuesta a la necesidad de atender la situación de dependencia como uno de los mayores problemas que se nos plantea en el ámbito familiar y social. La posibilidad de utilizar la vivienda como instrumento económico para garantizar una vejez con la dignidad y calidad de vida a la que todas las personas mayores tienen derecho, significa buscar nuevas alternativas a las medidas tradicionales de apoyo a la dependencia.

Para tratar este tema quiero empezar la intervención haciendo referencia a datos demográficos de los mayores, su situación económica personal como pensionistas y su relación con la dependencia. En un segundo apartado veremos los recursos públicos y privados disponibles actualmente para atender las necesidades planteadas y finalmente, nos centraremos en algunas propuestas sobre el papel que puede jugar la vivienda como moneda de cambio para obtener una respuesta adecuada a las necesidades de atención que plantea la dependencia.

Así, creo que lo primero es admitir que la dependencia no es un fenómeno nuevo, pero sí constituye un problema social nuevo que exige una atención especial.

Junto a esta afirmación también conviene dejar claro la definición de persona con dependencia.

Según del Consejo de Europa en 1998 la dependencia es "el estado en el que se encuentran las personas, que por razones de falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de ayuda y/o asistencia importante para la realización de las actividades de la vida cotidiana". Posteriormente, en el año 2000, en un enfoque más global en la Conferencia de Oslo, indicó que la dependencia "podría estar originada o verse agravada por la ausencia de integración social, relaciones solidarias, entornos accesibles y recursos económicos adecuados para la vida de las personas mayores".

Es decir, son personas dependientes aquellas que necesitan ayuda para caminar, asearse, lavarse, vestirse, levantarse de la cama o moverse dentro del hogar, por ejemplo. Estos son algunos items que el INE tiene en cuenta para calificar las personas dependientes en sus estadísticas sobre población.

Dentro de este concepto amplio de dependencia conviene que dejemos también claro que doctrinalmente podemos dividirla en tres niveles: moderada, grave y muy grave. Ello dependiendo de la concurrencia de discapacidades en una persona.

Bien, empecemos con algunos datos de la población mayor y sus espectativas, que nos sitúen realmente en la dimensión del problema.

Según el propio INE España ha pasado en los diez últimos años de 5.761.767 mayores de 65 años a casi siete millones. Las cifras de mayores han aumentado en el siglo XX siete veces, mientras que la población nacional se ha doblado; los mayores de 80 años son casi 1.600.000 (datos del Censo de 2002), lo que significa que se han multiplicado por 13.

El gran cambio producido en la población española se caracteriza por un notable aumento de la esperanza de vida y alargamiento de la vida de los mayores, provocado por:

- la mayor calidad de vida

- los avances médicos y el acceso generalizado a los servicios sanitarios

- una disminución de la mortalidad muy por debajo del reemplazo generacional

- una mayor flexibilidad y diversidad en los modelos de convivencia familiar

- y, por último, por la irrupción del fenómeno de la inmigración

En definitiva, hemos acabado el siglo con unos incrementos netos de personas mayores (personas de 65 y más años menos los fallecidos de esas edades) superiores a 150.000 individuos anuales. Si la vejez universal ha sido un proceso reciente, se puede decir que los octogenarios son prácticamente un descubrimiento de los últimos 25 años.

En este último periodo, la esperanza de vida en Andalucía, en concreto, pasa de 69,6 años en los hombres y 75,7 años en las mujeres a 74,8 años los hombres y 81,4 años en las mujeres.

Con esta tendencia, el grupo de 85 y más años crecerá un 80% en los próximos veinte años, mientras que el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Los octogenarios que ahora son el 3,8% de la población (el 22,5% de los mayores), en el año 2050 serán ya el 10% de toda la población española, es decir, casi uno de cada tres mayores.